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Juan Manuel de Rosas contra los estancieros: Los embargos a los“ unitarios” de la campaña de Buenos Aires

2003; Duke University Press; Volume: 83; Issue: 3 Linguagem: Espanhol

10.1215/00182168-83-3-487

1527-1900

Jorge Gelman y María Inés Schroeder,

Historical Studies in Latin America

En septiembre de 1840, el gobierno de Juan Manuel de Rosas decretó el embargo de los “bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones de cualquier clase en la ciudad y campaña” de sus enemigos calificados como “unitarios”. Esta medida respondió a una de las peores situaciones de crisis que haya conocido el largo gobierno de Rosas, que incluyó el bloqueo francés del puerto de Buenos Aires (1838– 40). El bloqueo afectó seriamente al comercio exterior de la provincia y por esa vía también los ingresos fiscales del estado provincial. También esta época contó con el levantamiento rural de 1839 en el sur de la campaña de Buenos Aires, conocido como los “Libres del Sur”. Finalmente, en 1840 Rosas se enfrentó con una invasión en el norte de la provincia liderada por el General Juan Lavalle, el viejo rival del gobernador. En reacción a la adhesión que el levantamiento del sur recogió entre un nutrido grupo de hacendados y productores—en una zona que se consideraba un bastión del régimen rosista—así como la simpatía que Lavalle pareció recoger entre estos mismos sectores en el norte, el gobernador decidió enfrentar abiertamente a estos desafectos, muchos de ellos poderosos estancieros acusados de ser unita-rios, a través de un embargo masivo de sus propiedades y una fuerte represión.Este embargo de los bienes de los unitarios ha sido poco tratado por la historiografía, quizás porque no resulta fácil interpretar una acción que pone en cuestión la visión más o menos consensuada del régimen de Rosas como expresión directa o representación de los grandes estancieros que se consolidaron bajo su prolongado gobierno. Pero justamente por ello, estudiar y evaluar un fenómeno de esta naturaleza resulta de gran interés para rediscutir la naturaleza del régimen rosista y del sistema político implementado en Buenos Aires en ese período.Frecuentemente ha sido señalado que en una buena parte de América Latina las revoluciones independentistas fomentaron la consolidación del sector de los grandes propietarios de tierras, ya que sumaron a su tradicional poderío económico y social el acceso directo a las riendas del poder, una vez sacudido el rol intermediario que ejercía el cuerpo de funcionarios de la corona. El efecto adverso que la misma coyuntura tuvo en general sobre los sectores dedicados al comercio o a la minería parece haber afectado poco o nada al sector terrateniente, que durante el período colonial compartía el poder con aquellos—muchas veces de manera subordinada. Además, el de-rrumbe del orden político colonial generó serias dificultades en el estable-cimiento de sistemas institucionales alternativos legítimos y en general favore-ció el liderazgo carismático de los caudillos. Estos fueron pensados como el resultado directo o indirecto del proceso de ruralización y militarización de las sociedades postcoloniales y, en general, como expresión del peso de los terrate-nientes, que eran capaces de movilizar una clientela de peones y campesinos dependientes, eventualmente convertidos en milicianos. Ante la ausencia de instancias de poder institucionalizadas, los caudillos postcoloniales eran la cima de un conjunto de relaciones patrón-cliente, y ese poder del caudillo “emanaba de la propiedad de la tierra y el control que ejercía sobre los recursos locales”.1 Esta visión ha sido matizada y complejizada en los últimos años, planteando la continuidad o la rápida invención de una vida institucional después de la re-volución, el peso de ciertas tradiciones gubermentales coloniales, una cierta autonomía de los agentes de gobierno en los distintos ensayos revolucionarios, y el peso de los sectores urbanos que—aunque más débiles social-y económi-camente—tenían más capacidad de acción política que los sectores rurales. Sin embargo, el papel central de un caudillismo basado en el poder clientalístico de los grandes terratenientes sigue estando en el paisaje de fondo de la mayoría de los análisis sobre las relaciones de poder en las décadas que siguen a las revolu-ciones americanas.2En el caso de la Argentina, y más específicamente de Buenos Aires, han sido menores las dudas sobre el peso que este sector cada vez más poderoso de terratenientes tenía sobre la vida política regional. En este sentido, la llegada de Juan Manuel de Rosas al poder en 1829—donde se quedó, menos una corta interrupción, hasta 1852—ha sido interpretada en general como la llegada de los estancieros al poder.3 Esta interpretación conoce de todos modos un reco-rrido, en él que no han faltado matices y puntos de vista incluso contradictorios.En el punto de partida de este itinerario, el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento nos ofrece los primeros señalamientos de Rosas como propietario rural, en el contexto de una interpretación de la revolución en otras claves como una doble lucha: de las ciudades contra los españoles y de las campañas contra las ciudades.4 Sin embargo, las consecuencias que el autor deriva de este hecho no son siempre las mismas. En la última parte de la obra destaca a la estancia como matriz explicativa del rosismo, poniendo de relieve el carácter problemático de la relación entre Rosas y los sectores propietarios rurales; al presentar el protagonista a la vez como terrateniente y como un gaucho pro-pietario que no respeta la propiedad, construye un núcleo argumentativo opo-sitor en torno a la falta de garantías a la vida y a los bienes.De este modo, en Facundo hay una percepción problemática del carácter de Rosas que la tradición historiográfica no siempre conservó. La identificación de Rosas con los sectores propietarios rurales se consolida en el núcleo de debates alrededor de la tesis feudal, desprovista inicialmente de una interpre-tación en clave social. Mientras Ernesto Quesada presenta a Rosas como un poderoso señor feudal que logró avances en un proceso unificador, la ensayística sociológica positivista identifica a Rosas con los grupos económicos repre-sentativos de un orden propietario, insinuando una explicación y una perio-dización a partir de la estructura económica.5 En la obra de Carlos Ibarguren, la imagen de Rosas como hombre fuerte y defensor del orden social se des-prende de su condición de estanciero.6 En ese contexto, José María Ramos Mejía incorpora al análisis de las multitudes una lectura psicológica de Rosas que ofrece referencias críticas a las confiscaciones a partir de informaciones provenientes de los archivos policiales.7Aunque los historiadores constitucionalistas no hacen de la relación de Rosas con los sectores propietarios una clave interpretativa del rosismo, no dejan de señalar que su acceso a la vida política surge a partir de sus actividades ganaderas, que le habrían proporcionado no sólo patrimonio, sino prestigio y poder.8 Se va configurando así una línea de continuidad en la persistencia de algunas motivos de la tradición historiográfica, como esta imagen de la estancia como escuela del rosismo.9En la obra de Emilio Ravignani sobre el levantamiento antirosista de 1839 en el sur, señala que los comprometidos en la revolución perdieron sus bienes, y una buena parte de las estancias fueron embargadas, citando algunos datos que parecen tomados del único trabajo dedicado hasta entonces al tema, el de Carlos Heras.10 Julio Irazusta, desde la perspectiva revisionista, remite al mismo trabajo de Heras al abordar el tema de los embargos, justificándolos por la excepcionalidad de las condiciones derivadas de las agresiones externas, recuperando una línea argumental que ya había sugerido la voz disonante de Adolfo Saldías a finales del siglo XIX, expresando en última instancia las mis-mas justificaciones con que el propio discurso rosista las había legitimado.11Este recurso de explicar en clave externa la política interna se intenta tanto con los embargos como con el terror rosista. En este punto, Irazusta critica a quienes omiten esa circunstancia decisiva: la agresión extranjera y “la amenaza de defección por una de las clases en que se apoyaba el sistema, no siendo la apelación al populacho sino el recurso in extremis de un cambio de jerarquía en los elementos básicos del gobierno”.12 Lo que para Ravignani no planteaba interrogantes o parecía resuelto en la apelación a la habilidad política de Rosas, en Irazusta es planteado en términos de amenaza de defección de una de las clases cuyo apoyo constituyó un elemento básico del sistema.La interpretación de Irazusta de la relación entre Rosas y las clases propie-tarias integra esta justificación de los embargos y del terror rosista en razón de la excepcionalidad de la situación. En esto, en clave netamente política, parece suponer esperable que los sectores propietarios comprendieran el sentido nacional de la política rosista y lo acompañaran en sacrificios, aunque este apoyo acabarían transformándose, por la vía de las confiscaciones en penalizaciones, a la defección de los terratenientes al anteponer sus intereses a los nacionales.Aún en los marcos ideológicos de este primer revisionismo, la inclusión de Rosas en la clase cuya defección constituyó una amenaza no parece cuestion-ada, pero se postula la imagen de un liderazgo por encima de ellas. Resulta significativa la hipótesis de una amenaza de ruptura, conjurada por la clarividencia de Rosas traducida en la eficacia de las medidas con que afrontó la crisis, incluidos la represión y los embargos que—aunque odiosos—se inscriben como una página de gloria porque “jamás un gobierno administró con tanto escrúpulo una propiedad embargada”.13De nuevo se ponen de manifiesto las dificultades en integrar en una explicación consistente la relación de Rosas con las clases propietarias y la política de embargos. Es en la tradición de la historiografía marxista donde la interpretación de Rosas como expresión de la clase terrateniente adquiere una centralidad absoluta. Esa tradición incluye tanto las obras provenientes del campo historiográfico profesional como un conjunto de textos que por fuera de esos cauces han generado debates. Su reconstrucción escapa a los límites de esta exploración, pero su importancia no puede desconocerse a la hora de dar cuenta de la construcción de ese sentido común historiográfico sobre la identificación de Rosas con los sectores propietarios.14Pero en esta tradición, a la par que cristaliza un consenso alrededor de la identificación de Rosas con los sectores propietarios, el tema de los embargos permanece ausente. De este modo, el tema de los embargos se elude o se afronta, haciendo abstracción de la necesidad de integrarlos en una explicación más general del problema. Los únicos trabajos específicos sobre el tema se inscriben en esta alternativa. Carlos Heras, en un texto al que otorga carácter de con-sideraciones preliminares, destaca la amplitud de los embargos a partir de información estadística cuyo origen no siempre cita. Sostiene que el estado se aprovechó del producto de lo embargado, sobre todo del ganado, para el abastecimiento de las tropas y el negocio pacífico con los indios.15Nestor Deppeler minimiza el efecto de los embargos al desprender de unos pocos expedientes sobre el partido de San Vicente—conclusiones sorprendentes en tanto sostiene que en general se embargó, pero no se confiscaron, los bienes. Además, sostiene que muchos consiguieron recuperar al tiempo sus tierras, y “se encontraron con sus ganados de tal manera aumenta-dos que recibieron en esa forma muchas fortunas”.16 En este marco, un trabajo reciente de Guillermo Banzato aborda el tema de los embargos para el partido bonaerense de Chascomús a partir de la información proporcionada por los remates de bienes de los unitarios, solicitudes de desembargo e informes del juzgado de paz. A través de estas fuentes, Banzato logra medir de manera más ajustada sus efectos. Este trabajo pone en evidencia la magnitud de los embargos en ese partido y constituye un valioso aporte que permite poner en cuestión la caracterización de los embargados como “hacendados menores” en base a la reconstrucción de sus patrimonios. Sin embargo, el hecho de que los afectados recuperaron en buena medida sus propiedades relativiza el impacto de los embargos.17 De cualquier manera, el carácter microregional del estudio hace necesario extender el análisis al conjunto de la provincia de Buenos Aires.En suma, a partir de una temprana percepción conflictiva de la relación entre Rosas y los sectores propietarios rurales, en tanto una definición de Rosas como miembro de esa clase no lograba integrar en una explicación satisfactoria la política de embargos, la historiografía parece haber recorrido dos caminos paralelos. Por un lado, ha desaparecido el tema de los embargos en la explicación del rosismo, y por otro se ha construido un consenso historiográfico alrededor de la relación de Rosas y los sectores propietarios rurales. La solidez de este consenso ha opacado la posibilidad de advertir la magnitud de los embargos, y el peso de los conocimientos heredados ha operado como un las-tre en la consideración del tema.Algunos estudios recientes permiten revisar el tema de los embargos a par-tir de una visión distinta sobre el mundo rural bonaerense de la primera mitad del siglo XIX, así como sobre las características y evolución del régimen rosista. Hoy sabemos que los grandes estancieros eran bastante modestos en el momento de la crisis revolucionaria. Sólo fueron fortaleciéndose lentamente, y con dificultades, frente a procesos estatales prematuros, crisis políticas inter-mitentes y ante la presencia de diversas formas de acceder al uso de la tierra y el trabajo que no les resultaban totalmente favorables.18 Así, el peso de ciertas tradiciones con gran difusión en la campaña bonaerense llevó a algunos diri-gentes políticos a elaborar discursos y políticas que las reconocieran, para construir un nuevo consenso que diera legitimidad y algo de estabilidad a los gobiernos postcoloniales.19 Algunos estudios plantearon que el discurso rosista en parte estaba orientado a construir un consenso que incluyera las aspiraciones de los pequeños propietarios rurales y otros sectores fuera de los más privilegiados.20 De la misma manera, la construcción del aparato estatal en la campaña debía reposar en el mundo de los vecinos de cada partido, constituido por pequeños y medianos productores, pulperos y otros, y por lo tanto contemplar ese universo de intereses diversos.21Por otra parte, se ha discutido también la construcción historiográfica del rosismo como un bloque siempre igual a sí mismo, lo que obturaba la resolución de las contradicciones señaladas anteriormente. En este sentido, Tulio Halperin Donghi ha abierto líneas sugerentes que indican la necesidad de prestar más atención a la dinámica de la política rosista, que va modificando su relación con los sectores privilegiados del régimen y termina colocando la política facciosa por encima de esos intereses como modo de resolución de la coyuntura crítica.22De esta manera, seria útil una reconstrucción del universo de los embargados y de sus bienes que sea más ajustada a las fuentes y que abarque el conjunto de la campaña de Buenos Aires. Tal reconstrucción nos permite medir los efectos inmediatos del embargo en la economía provincial y las finanzas estatales y, a la vez, reconsiderar la relación entablada entre Rosas y los sectores propietarios de la campaña, en especial con los más ricos—quienes, como veremos, formaban una parte destacada de los afectados.El decreto de embargo que inaugura la oleada de confiscaciones que aquí estudiaremos se declaró el 16 de septiembre, 1840. Dicho decreto, firmado por Felipe Arana como gobernador delegado, dice que hace responsable a “los bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones de cualquier clase que sea en la ciudad y campaña pertenecientes a los traidores salvajes unitarios”, los cuales se dirigirán “a la reparación de los quebrantos causados en las fortunas de los fieles federales por las hordas del desnaturalizado traidor Juan Lavalle” y para premiar al “ejército de línea y milicia y demás valientes defensores de la liber-tad”.23 El enfrentamiento con los unitarios, sean esos ricos propietarios o no, había llegado hasta un punto de no retorno. Como explica Rosas al día si-guiente en una carta al juez de paz de Ensenada, “[Y]a no es tiempo de tener indulgencia ni bondades con ellos, pues son autores de la guerra salvaje que han provocado, y es necesario que sufran y sientan sus estragos. Que con sus bienes han de pagar a los federales los perjuicios sin ejemplo que les han cau-sado, y que en consecuencia a todos los salvajes unitarios que halle en el par-tido a su cargo los mande a la cárcel pública de la ciudad”.24En realidad, ya antes del decreto de embargo la polarización política (y seguramente las necesidades fiscales y de premiar a los fieles federales) llevó al gobierno a comenzar una actividad confiscatoria de los bienes de los enemigos unitarios.25 Apenas estallada la revolución de los Libres del Sur, se empezó a tomar medidas en este sentido. Así, por ejemplo, se ordenó que obtengan recursos de las propiedades de los unitarios para aprovisionar a los tropas fe-derales.26 Otro tanto se nota cuando Narciso del Valle, un importante militar rosista, dijo al juez de paz de Tandil que procedara a “hacer tropa de ganado ya sea novillo o vaca que sean gordas de la estancia de Dn Felix Alzaga [uno de los cabecillas de los Libres de Sur, luego embargado] en el Juncal, que ésta no pase de 300 cabezas, con prevención que cada 10 días debe Ud. mandar tropa hasta que le ordene algún cese, dando recibos de la cantidad de animales que [ilegible] y remitiendo dicha tropa a este punto a entregarla al Juez de Paz de este pueblo, Dn José Reyes Peñalva”.27 Aunque todavía no se legitimó esto como una confiscación, es bastante evidente que el terreno estaba abonado para el decreto del 16 de septiembre y los embargos masivos que le sigieron.Las fuentes que utilizamos para reconstruir el universo de los afectados por los embargos de bienes de unitarios son variadas. No hemos podido localizar un sitio único donde la administración de Rosas haya reunido toda esa información, por lo cual hemos tenido que recurrir a fuentes diversas y parciales; sin embargo, tomadas de conjunto parecen abarcar a la mayoría de los embarga-dos. Por un lado, tenemos las solicitudes de desembargos—reunidas en varios legajos en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires—que nos han dado un listado inicial, aunque obviamente incompleto.28 Es de esperar que aquellos que se consideraban injustamente afectados solicitaran la devolución de sus bienes. Incluso, muchos buscaron exculparse de una acusación más fun-dada sobre su adhesión a los enemigos del régimen—o sino, al menos bus-caron la forma de ocultar la propiedad de sus bienes para así evitar el embargo.29 También sabemos que en fechas más tardías, cuando el régimen de Rosas se sintió fortalecido y parecía dispuesto a aceptar en su seno a antiguos disidentes, varios “unitarios” intentaron recuperar sus propiedades. Sin embargo, es evidente que no todos los embargados podrían buscar recuperar sus bienes, ya sea por ser demasiado violenta su enemistad con el gobernador o aún por encontrarse la familia diezmada por la represión que siguió a la crisis de 1839– 40.El segundo conjunto de fuentes que utilizamos son las actas de remate de los bienes muebles de los unitarios embargados.30 Estas nos permiten contrastar con las anteriores y conocer otros nombres de personas afectadas, así como evaluar el impacto de las ventas de esos bienes, tanto para los afectados como para las finanzas del estado.31 Finalmente, el tercer conjunto importante de información proviene de los archivos de los juzgados de paz de campaña.32 En estos en particular se encuentran los informes que regularmente enviaban los jueces sobre el ganado obtenido de las estancias de los unitarios y mandado (según órdenes de Buenos Aires) a algún fuerte para abasto de la guarnición, para el negocio pacífico con los indios o para el uso de la misma ciudad.33 A estos tres núcleos centrales de información para reconstruir el listado de los embargados, se suman fuentes diversas recogidas de esos mismos archivos y de los archivos municipales de Dolores y Chascomús, así como de la bibliografía.34 A su vez, para poder ubicar al universo de embargados en el context general de la provincia, utilizamos un censo económico muy completo y de alta calidad para el año 1839, realizado en función del pago de la Contribución Directa, un impuesto proporcional sobre las propiedades y el capital.35Lo primero que nuestra información muestra de manera contundente es la magnitud de los embargos en la campaña: 683 personas (en realidad, familias) afectadas por los embargos. Si comparamos esta cifra con los 5,657 “capitalistas” enumerados en la campaña en el censo para la Contribución Directa de 1839 (CD en adelante), observamos que los embargados representan el 12 por ciento. En realidad, no todos los que aparecen en nuestra lista de embargados los pudimos ubicar en la lista de la CD. Sólo 397 de los embargados figuran en la lista de contribuyentes: es decir, el 58.1 por ciento de los embargados (y el 7 por ciento de los contribuyentes censados). Sin embargo, es muy probable que en la lista de embargos—constituida con información posterior al levantamiento de los Libres del Sur y a la invasión de Lavalle en 1840—figuren nombres de personas distintas a los titulares de las familias en el momento de confeccionarse la de CD de 1839, antes de estos dramáticos sucesos que desen-cadenaron justamente la ola de embargos. Por lo tanto, es muy probable que en algún punto intermedio entre las dos posibilidades, encontremos que cerca de 10 por ciento de los propietarios de la campaña de Buenos Aires hubieran sido afectados por los embargos. De todas maneras, y aún en el caso de la cifra más baja que consideremos, la proporción es enorme: al menos 1 de cada 14, y hasta 1 de cada 8.3, familias propietarias fueron embargadas por el estado como con-secuencia de la crisis y la feroz lucha que estalló en esos años.Si la defensa del carácter inviolable de la propiedad privada había sido un objetivo perseguido por Rosas y los estancieros más importantes, aquí la misma aparecía radicalmente cuestionada. La polarización política que el gobernador había usado como herramienta para consolidar el orden propietario llegó a un punto en que entró en contradicción con este objetivo. La lucha sin cuartel entre los bandos enemigos llevó a Rosas a utilizar la pena de muerte con frecuencia y a recurrir al embargo y a la confiscación de bienes ajenos, que se podían manipular a favor de los partidarios políticos y del estado.Si observamos la distribución regional de los embargos, aparecen elementos muy interesantes sobre la difusión del descontento frente a Rosas y también sobre la capacidad del régimen para extender su control político en la campaña. El gráfico 2 y el cuadro 1 muestran que, si bien hubo embargos en casi todos los rincones de la campaña, la distribución fue bastante desigual. Encabezando el grupo de los más afectados se encuentran, sin mayores sorpresas, los partidos de Monsalvo y Dolores, el núcleo del levantamiento de los Libres del Sur a finales de 1839. También bastante esperado es el efecto de los embargos en algunos partidos del norte de la campaña, que no tuvieron intervención en los Libres pero que parecen haber acogido con cierto beneplácito y ayudado la entrada de Lavalle en 1840.36 Entre todos los partidos, se destacan los de San Antonio de Areco y Exaltación de la Cruz en el noroeste y San Pedro y San Nicolás en el norte de la campaña.37 Otros casos destacados son Quilmes en las cercanías y Navarro en el oeste, así como Chascomús y Fuerte Independencia (Tandil)— estos dos últimos implicados también directamente en los Libres del Sur.38En el extremo opuesto, tenemos una serie de partidos donde prácticamente no se sintieron los efectos de los embargos. Estos principalmente se ubicaron en algunos lugares marginales y con fuerte presencia militar estatal, como Fuerte Federación, Bahia Blanca, Patagones, Rojas o Salto. De la misma manera, tenemos a Azul, un rincón de la frontera muy especial por la presencia de un destacamento militar al mando de Prudencio Rosas, hermano del gobernador y principal represor de los Libres del Sur, a la vez que un partido donde se consolidó una experiencia bastante inédita de repartos de tierra a los pobladores.39 Luego tenemos en este grupo de partidos poco afectados por los embargos a varios de las cercanías de la ciudad (quizás algunos de los dueños de propiedad embargada en estas zonas no aparecen en las fuentes estudiadas porque fueron residentes de la ciudad misma de Buenos Aires, como puede ser el caso de San José de Flores, San Isidro, San Fernando o Conchas). Final-mente, tenemos a otros partidos del cercano noroeste (como Pilar) y sobre todo del sur-sudoeste (como Monte, Ranchos, Cañuelas o Lobos), donde te-nemos un número realmente muy bajo de embargados. Este dato parece reflejar que esos partidos fueron firmes defensores de Rosas y de su régimen, o al menos que el control político ejercido sobre su población era más eficaz. Tampoco parece casualidad si en dos de ellos, Monte y Cañuelas, Rosas tenía a su vez propiedades considerables y un control político muy firme de la mano de algunos de sus más fieles seguidores. Un ejemplo es el caso de Vicente González, el “Carancho del Monte”, jefe de la guarnición de ese partido y antiguo juez de paz y fiel aliado de Rosas, quien jugó un papel clave en la represión de los Libres de Sur. Otro caso es el de Lobos, partido contro-lado por una densa red de relaciones establecida alrededor de la familia Urquiola, a su vez estrechamente ligada a Rosas (aún por lazos familiares y de compadrazgo).40Otra cuestión central que permiten considerar nuestras fuentes es ¿quiénes eran los unitarios?—no solamente sus nombres y apellidos y el lugar donde tenían sus propiedades, sino ¿donde se ubicaron en la escala social de la campaña de acuerdo con los datos de la CD? ¿Eran más bien pobres, medianos o ricos propietarios? Obviamente, con la amplitud que tuvieron los embargos, es lógico que encontremos la presencia de sectores muy diversos entre los afectados. Sin embargo, como vamos a ver, parecen predominar algunos sectores.Lo primer que podemos decir es que los bienes comprometidos por los embargos de unitarios representan el 20.3 por ciento del total de capitales cen-sados en 1839 para la campaña. Y esto es sólo un mínimo, ya que estamos con-siderando solamente a los 397 embargados que figuran en nuestro listado de CD (sobre un total de 683 embargados). Entonces si tenemos que sólo 7 por ciento de los contribuyentes figuran en la lista de embargados, pero su capital representa un 20.3 por ciento de los capitales censados, es bastante evidente que los afectados se encontraban mayormente entre los más ricos de la cam-paña.El peso de los grandes propietarios entre los embargados se manifiesta en casi toda la campaña, aunque de nuevo notamos algunas diferencias entre las distintas regiones. En algunos de los partidos de alta tasa de embargados, era más alta aún la participación relativa de los capitales comprometidos (ver cuadro 3 y gráfico 3). Así, por ejemplo, en Areco, donde casi el 25 por ciento de los propietarios censados en 1839 fueron embargados, sus capitales representa-ban más del 44 por ciento del total del partido. El drama de este partido, en especial de varios de sus vecinos más acaudalados, es notable. Algo similar sucedió en partidos que ya conocemos como afectados de manera destacada por la cantidad de embargados, como Monsalvo y Dolores en el nuevo sur o San Pedro y Exaltación en el norte y oeste respectivamente. Sin embargo, aparecen algunos casos más sorprendentes: partidos donde la cantidad de embargados no era tan significativa y alcanzaron porcentajes muy altos del capital total embargado, esto a causa del peso de unos pocos, pero muy fuertes, capitalistas embargados. Así tenemos, por ejemplo, a Arrecifes y Baradero, que con unos pocos embargados llegaron a más del 42 por ciento del capital del par-tido embargado en la primera y a más del 34 por ciento en la segunda. En la primera se encontraban 3 de los 50 embargados más ricos de nuestra lista: Joaquín de Achaval, Miguel Gerónimo Molina y Marcelino López; en la segunda, otros dos: Vicente Castex y Patricio Linch. En el caso de Magdalena, donde los embargados no llegan al 10 por ciento de los censados en 1839, ellos poseen casi el 34 por ciento del capital total del partido. No es casual que entre los embargados de este partido se encontraba el cuarto más rico de nuestras listas, el conocido Felipe Piñeiro. Aún más espectaculares son los curiosos casos de Salto y Rojas, dos partidos bastante marginales de la campaña: en Salto hay un solo embargado que a su vez figura en el padrón de CD de 1839 (en total fueron cuatro los embargados, pero sólo uno de ellos era contribuyente). Pero ese único embargado reunía el 21.5 por ciento de todo el capital declarado en el partido. Este personaje no era otro que el ex socio del gobernador, ahora “salvaje unitario”, Luis Dorrego, hermano del fallecido gobernador federal Manuel Dorrego. En Rojas, los solo tres embargados reunieron más del 67 por ciento del capital del partido (uno de ellos fue el antedicho Luis Dorrego y el otro, Juan Cano, el más rico del partido). La distribución desigual de la riqueza alcanza ribetes extremos en estos dos partidos, y el embargo de esos poquitos ricos tenía un impacto tremendo.De hecho, la lista de embargados incluye a muchos de los propietarios más importantes y de más larga estirpe de la región (cuadro 4). Esta lista de los 50 embargados más grandes por sus capitales reune nombres bastante fáciles de reconocer; sus apellidos se identifican con las familias más prominentes y ricas del siglo XIX argentino: Piñeiro, Alzaga, Ramos Mejía, Diaz