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“Para reprimir a este difamador”: Discursos públicos, valores y orden social en Guadalajara, México, 1885

2017; Duke University Press; Volume: 97; Issue: 3 Linguagem: Espanhol

10.1215/00182168-3933840

1527-1900

Jose Alfredo Rangel Silva,

Politics and Society in Latin America

La noche del domingo 7 de junio de 1885 la Plaza de Armas de Guadalajara estaba muy concurrida, había un espectáculo musical y los paseantes disfrutaban del fresco ante el ya próximo verano. Entre los asistentes estaba el joven abogado Wistano Luis Orozco, quien gozaba de cierta notoriedad pública por ser el director de un periódico local. El agradable ambiente se deshizo cuando, repentinamente, Orozco fue agredido por “varias personas conocidas que ejercen autoridad en Guadalajara”, encabezadas por el “Secretario del Consejo de gobierno y cuñado del general Tolentino el gobernador del estado”, quien iba armado con un garrote al igual que sus compañeros.1 Lo atacaron al grito de “yo le enseñaré como se insulta al gobierno”.2 Orozco fue golpeado severamente pero gracias a las personas que estaban presentes en el lugar evitó la muerte.3 Los atacantes fueron llevados a la inspección general con el Jefe Político, donde reclamaron que el joven abogado también fuera aprehendido, así que agresores y agredido quedaron en la cárcel esa noche.4 Sin embargo, Orozco logró escribir una nota de alcance al número 27 de El Heraldo, semanario que dirigía, donde describió con dramatismo el ataque, agradeció al pueblo de Jalisco su apoyo y simpatía y, echando más leña al fuego, responsabilizó al gobierno estatal de lo acontecido: “¡El Secretario del Consejo, el cuñado del gobernador, haciendo el papel de matador de un periodista! ¡Cinco empleados del gobierno haciendo ese papel de una manera vil y cobarde, en la Plaza de Armas de Guadalajara! ¿Quién por hábil y poderoso que sea, podrá apartar de la frente del gobierno del Estado, el terrible cargo de complicidad en el frustrado homicidio?”.5El semanario de Orozco, El Heraldo, había denunciado repetidamente la corrupción del gobierno estatal, así que el incidente tenía obvia connotación política. Daniel Cosío Villegas6 mencionó la paliza como parte de los problemas que enfrentaba el gobernador Tolentino y que le llevaron a conciliar con Porfirio Díaz los asuntos de la política estatal. Igualmente ubicó el percance dentro de la arremetida general contra la prensa independiente a nivel nacional.7 Aquí propongo analizar el asunto como parte del complejo entramado de la cultura política8 en México durante los primeros años del Porfiriato. Aquélla no era un “espacio democrático” donde prevalecen condiciones de igualdad o de equilibrio entre los agentes;9 en la Guadalajara del Porfiriato las elites10 generalmente imponían sus puntos de vista políticos y sociales, aunque los diferentes agentes invocaban valores e ideologías desde sus propios intereses individuales, grupales y de clase, lo que producía significaciones diversas, contrapuestas y en competencia.Los dos grupos predominantes en aquella época –la elite que controlaba el poder político estatal11 y la elite que controlaba empresas, comercios y recursos económicos– podían coincidir, o no, en “las familias distinguidas”,12 un discurso de prestigio social que legitimaba su posición y marcaba diferencias en el espacio social. Ese discurso definía quién era “gente decente” con base en la pertenencia a ciertas familias, una pretendida superioridad moral y el honor. También permitía el manejo político de elementos discursivos, simbólicos y sociales (aislándolos o desacreditándolos) que pudiesen cuestionar el orden. En otros lugares de América Latina las elites utilizaron estratagemas diversas para legitimar su predominio y establecer diferencias frente a otros sectores sociales, como en Lima, Perú, donde recurrieron a ciertas ideas sobre decencia y moral para remarcar las distancias con otros grupos.13 Ahí, uno de sus detractores señaló su corrupción e inmoralidad, ejemplificándolas con lo que sucedía en los bailes organizados en el mismo Palacio de Gobierno.14 En Buenos Aires, Argentina, las elites reforzaron su diferencia frente a los otros grupos mediante un doble proceso de distinción y aristocratización,15 en el que la pertenencia a ciertos clubes otorgaba el capital social necesario. Guadalajara no era una capital nacional, ni tenía centros sociales que dieran distinción, sin embargo, en esa ciudad se organizaban fiestas a las que sólo asistían los miembros de las familias distinguidas, es decir, la “gente decente”. Ésta era también una etiqueta clasificatoria a la que aspiraban otros agentes como los pequeños empresarios, comerciantes, burócratas y profesionistas, ubicados en posiciones intermedias en el espacio social. Sin duda, todos ellos utilizaban la etiqueta, con o sin el consentimiento de las elites, pero también podían cuestionar su definición y las prácticas específicas en que se producía.La idea de la gente decente se enmarcaba en el liberalismo. Hubo en el siglo xix diferentes significados y diferentes aplicaciones del término liberalismo en cada país de América Latina.16 Entre los ideales liberales que podríamos llamar “básicos” estaban el individuo libre en un régimen de igualdad ante la ley, la protección de las libertades civiles y las instituciones representativas, y la separación de poderes, con derivaciones específicas según cada país latinoamericano.17 En México políticos e intelectuales acotaron la ideología en el llamado liberalismo “conservador”,18 en parte por influencia de la doctrina positivista, que rechazaba las ideas de igualdad y soberanía popular a favor de una ciudadanía restringida a los propietarios. Aquélla era una sociedad clasista dado el desdén de las elites por quienes consideraban inferiores.19 El clasismo combinaba ideas racistas (la superioridad de la piel blanca y el origen europeo) con el capital económico, e incidía en las ideas políticas: sólo ciertos individuos (pertenecientes a las elites) podían y debían gobernar.20 Su expresión cotidiana desplazaba premisas liberales como la igualdad ante la ley o el éxito basado en el talento individual o la capacidad profesional. El clasismo favoreció la convergencia entre liberalismo y positivismo en México al permitir a las elites adoptar el consenso occidental sobre la necesidad de un liberalismo acotado.21 Por otra parte, un valor masculino como el honor sirvió a las elites como mecanismo multipropósito, porque daba la impresión de equipararlas con las elites europeas, les permitía autodefinirse como “gente decente” y contribuía a la exclusión de personajes indeseados de sus prácticas rituales.22 Estas convergencias dan idea de las contradicciones y conflictos entre los discursos y las prácticas supuestamente derivadas de ellos.Para entender las dinámicas de contradicciones recurro al análisis del Estado y el discurso público propuesto por Pierre Bourdieu,23 para quien el orden social y el Estado tienden a fundirse en un único conjunto de prácticas y discursos, un espacio de poder que refleja el dominio de los grupos en control de capitales económicos, sociales y simbólicos, y que debe convencer a otros actores de que su existencia está por encima de intereses particulares,24 que pueden ser contradictorios. Así que el Estado tiene que definir la verdad oficial, legítima y legal, al tiempo que genera los mecanismos y los agentes que la enuncian y la refuerzan, disimulando o encubriendo las contradicciones existentes bajo la guisa de un orden natural de las cosas.25 En este esquema quien habla en nombre del orden, quien actúa para afirmarlo, lo hace en representación de las elites y de sus intereses, en especial cuando las contradicciones se vuelven evidentes y las discordancias peligrosas: “Hay héroes de lo oficial. El héroe burocrático es alguien cuya función principal es permitir al grupo seguir creyendo en lo oficial, es decir en la idea de que hay un consenso de grupo sobre cierto número de valores inquebrantables en las situaciones dramáticas donde el orden social se encuentra muy cuestionado”.26 Ese “héroe” es un “vocero” que enuncia y afirma los valores legítimos en defensa del orden social. Su afirmación demanda que los demás actores reconozcan la verdad común a todos y, por lo tanto, que la reconozcan por encima de lo que debe entenderse como intereses sectarios.A comienzos del Porfiriato en Guadalajara el honor y la decencia eran manejados por las elites políticas como elementos centrales del discurso del orden social y como elementos de distinción que definían prácticas particulares, por ejemplo las fiestas. Lo que las elites buscaban con esto era establecer su superioridad y justificar su dominio.27 Pero las acusaciones de corrupción en un medio de comunicación evidenciaron las contradicciones entre discursos y prácticas. Wistano Luis Orozco, en su calidad de editor y dueño de un semanario, divulgó esas contradicciones y generó una crisis, lo cual lo convirtió en un antihéroe que cuestionaba la verdad oficial, la verdad de Estado.28 La paliza que recibió y el proceso consecuente revelan las pugnas por el control de la política, así como la existencia de concepciones alternas del orden social y de los valores que lo sustentaban.Wistano Luis Orozco fue, entre otras cosas, autor de textos sobre procedimientos jurídicos, apoderado legal de compañías deslindadoras y, en la última década del Porfiriato, defensor de los derechos de actores agraviados durante la confusa y tumultuosa aplicación de la legislación sobre tierras.29 Los contados estudios que comentan la obra de Orozco se han concentrado en su papel como “precursor” intelectual de la revolución30 e inspirador de algunas ideas de Andrés Molina Enríquez (considerado por algunos como el “padre intelectual” de la reforma agraria posrevolucionaria).31 En 1885 Orozco era un profesionista por partida doble (abogado y periodista)32 y un agente subversivo para el orden socioeconómico.Aunque este análisis no está centrado en el periodismo, me interesa destacar “Prensa, poder y criminalidad a finales del siglo xix en la ciudad de México”, de Alberto del Castillo, que identifica un cambio importante en la prensa durante el Porfiriato: el paso de un perfil político, con editoriales inclinadas a la interpretación doctrinaria, a otro más comercial y apolítico en el que predominó el reportaje criminal.33 “Honor y opinión pública: la moral de los periodistas durante el porfiriato temprano”, de Pablo Piccato, señala la relación estrecha entre el honor republicano y la opinión pública en las consideraciones profesionales de los periodistas de la primera mitad del Porfiriato. Las vinculaciones entre lo público y lo privado fueron parte de los mecanismos ideológicos y sociales utilizados por las elites políticas para excluir a otros grupos del poder.34 Las elites separaron el concepto del honor del trabajo de los periodistas y, con ello, redujeron su posibilidad de ascenso social y económico. De forma paralela, las elites capitalinas habían establecido exclusiones y diferencias con respecto de las otras clases.35 Como señala Pérez-Rayón, esas elites eran las únicas que tenían la posibilidad de opinar por medio de la prensa capitalina en la etapa final del Porfiriato.36 El asunto que involucró a Wistano Orozco en Guadalajara se enmarca en esa tendencia de las elites a reducir el papel sociopolítico de los periodistas, lo mismo que su valor moral.Este texto se basa en las notas de la prensa capitalina del año 1885 y en algunas publicaciones de Orozco. Si bien en Guadalajara existían varias publicaciones periódicas en la época,37 actualmente quedan muy pocos ejemplares disponibles. Afortunadamente la prensa de la ciudad de México hizo eco de la paliza, lo que permite tener un panorama de alcance nacional sobre un asunto que parecía un pleito provinciano entre particulares. Trataré esta peculiaridad en las conclusiones. Presento ahora el violento evento en la plaza de Guadalajara y enseguida analizo los discursos públicos y los valores que daban forma al orden social.Wistano Luis Orozco nació en San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, probablemente en 1856.38 Sus primeros estudios los hizo en El Teúl, Zacatecas, con el cura Domingo Rosas, quien lo ayudó a incorporarse al Seminario Conciliar en Guadalajara.39 Pasó sus años de juventud estudiando y trabajando, hasta que se tituló como abogado en el Instituto Científico en 1884.40 Para entonces el sistema educativo estatal había experimentado cambios: a raíz del triunfo liberal de 1867 había desaparecido la Universidad, identificada con los conservadores, y había sido sustituida por el Instituto Científico, donde se aglutinaban las profesiones de Medicina, Ingeniería y Derecho.41 Así que la educación profesional de Orozco tuvo un trasfondo liberal. Orozco se desempeñó como abogado y como periodista y, en 1885, parece haber sido secretario de alguna asociación o cámara de comercio de Guadalajara.42 Este puesto, importante en una sociedad mercantil en una de las ciudades más prósperas del Porfiriato,43 da cuenta del ascenso socioeconómico del joven abogado, también dueño y director de un periódico.Wistano contó en un escrito publicado más de veinte años después que estar en la asociación le permitió participar en la política estatal en 1885, dentro de la oposición contra el gobierno encabezado por el general Francisco Tolentino. Originario de Tepic, el general había llegado al poder combinando su puesto de comandante militar con el apoyo de Porfirio Díaz. Tolentino ordenó a sus tropas intervenir en las accidentadas elecciones de 1879, en las que el gobernador electo, Fermín González Riestra, pertenecía al grupo de Ignacio Vallarta, ex gobernador y rival de Díaz.44 Gracias a la intervención militar, los porfiristas tomaron control del congreso local. Las maniobras de Tolentino evitaron que en la elección presidencial de 1880 Vallarta ganara en su estado natal. En 1881 nuevamente intervino el general en la renovación del congreso estatal. Ese año, porfiristas y vallartistas se proclamaron vencedores por igual, lo cual provocó que existieran dos congresos al mismo tiempo. La extraña situación llevó a que Tolentino aprovechara un supuesto disturbio en una garita para sacar sus tropas a la calle, disolver el congreso vallartista y obligar a González Riestra a renunciar. Dos gobernadores interinos actuaron brevemente antes de que se convocara a las elecciones que ganó sin problema Tolentino, quien tomó posesión en marzo de 1883 a pesar de que la ley estatal prohibía que un militar fuera gobernador.45Tolentino se caracterizó por su mano dura con los bandoleros pero también con sus opositores políticos, y no dudó en aplicar a granel la ley fuga.46 Esas formas arbitrarias, en conjunto con su política fiscal, le ganaron la antipatía general de la población.47 Los opositores locales, entre seguidores de Vallarta y liberales de viejo cuño, además de otros grupos, se pronunciaron cada vez más abiertamente en contra de su gobierno. En tales circunstancias Tolentino y su gente buscaron cómo desalentar y desarticular la fuerte oposición. Ésta parece haber esperado que un cambio en la presidencia les favoreciera, y arreció sus críticas apenas tomó de nuevo el poder federal Porfirio Díaz, en diciembre de 1884. Mientras tanto Orozco fundó el semanario local llamado El Heraldo, “órgano solemne de la oposición”,48 en el que se denunciaba la corrupción del gobierno estatal: “En medio del escandaloso desbordamiento que en todo sentido se ha notado en la administración actual del estado, entre el inmenso número de torpezas, de abusos, de infracciones de ley, de cinismo y de maldad, que amanojados forman el carácter del Gobierno de Jalisco”.49 Así se expresaba el semanario para disgusto de los políticos. La gota que derramó el vaso ocurrió el domingo 7 de junio, cuando aparecieron en El Heraldo algunos comentarios desfavorables sobre reuniones de jóvenes de familias adineradas de Guadalajara. Orozco aseguró no tener nada que ver con aquel “párrafo de gacetilla”, pero como director del periódico algo debió saber del asunto.50 Esa misma noche Orozco recibió la paliza pública por parte de personajes vinculados con la autoridad política.51 Encabezados por Fernando Ibarra, “Secretario del Consejo de gobierno” y cuñado del general Tolentino, los atacantes iban armados con garrotes y gritaban que le enseñarían a Orozco “como se insulta al gobierno”.52 Víctima y victimarios terminaron en la Inspección general, donde quedaron todos en la cárcel.53 Orozco logró escribir la nota de alcance al número 27 de El Heraldo, que se publicó al día siguiente, 8 de junio, y fue reproducida íntegra por El Nacional de la ciudad de México el 14 de junio de ese año.54 Como señalé al principio de este trabajo, Orozco describió con dramatismo el ataque, agradeció a la sociedad y al pueblo de Jalisco su apoyo y simpatía para su actividad periodística y responsabilizó al gobierno estatal del ataque a su persona. El periódico de la ciudad de México El Foro reprodujo, el 23 de junio de 1885, la nota publicada por El Telegrama de Guadalajara el día 13 de junio: “El Heraldo publicó domingo pasado párrafo baile pónese duda honor jaliscienses. Ofensa intolerable en que creyéndose aludidas personas, en noche mismo día, Lic. Francisco Ibarra en Plaza Armas, en compañía otros jóvenes, decentes por supuesto, rompió cabeza a Sr. Lic. Wistano L. Orozco redactor Jefe Heraldo. Escándalo mayúsculo por crimen Plaza Armas, premeditación, alevosía y ventaja. Sociedad indignada acusa a los 2”.55 El incidente tuvo como marco las reformas legales hechas al artículo 7° de la Constitución durante la presidencia de Manuel González. El artículo garantizaba la libertad de imprenta “que no tiene más límite que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”.56 Antes de esos cambios cualquier transgresión de esa libertad, sobre todo por acusaciones por calumnia o difamación en contra de funcionarios públicos, era juzgada en dos tribunales “populares” separados, un tribunal calificaba el hecho y otro aplicaba la ley y señalaba el castigo o pena.57 Esto permitía que durante los juicios el funcionario aludido quedara expuesto a la opinión pública y al “escándalo nacional”. En 1883 se decidió enviar los juicios por difamación a un solo tribunal, donde un juez penal podía dictar una sentencia “rápida” y, sobre todo, donde era más fácil que los políticos interesados en el proceso interfirieran.58 El cambio dio tono a una época cuando los políticos y funcionarios fueron poco tolerantes con la prensa que parecía demasiado crítica.59 Como ya señaló Cosío Villegas, la intolerancia era generalizada, el régimen porfirista era autoritario y dado a ejercer la censura, a perseguir a la oposición y a dar escarmientos a quienes se obstinaran en su postura, y aprovechó el conservadurismo jurídico para acotar los ideales de la libertad de prensa y la igualdad ante la ley.En ese contexto la prensa de la capital mexicana dio eco al incidente de la Plaza de Armas de Guadalajara. Publicaciones como El Monitor. Diario del Pueblo, y El Nacional, dedicaron breves líneas que reportaban el asunto, e incluso comentarios en defensa de la libertad de prensa. “Wistano Orozco, editor of the Guadalajara Herald, has been assaulted and wounded. The Monitor says his assailants were employees of the Government of Jalisco”, publicó The Two Republics el 12 de junio.60 Mientras que La Voz de México, citando a La Patria, señalaba que:Ayer se dio cuenta en sesión ordinaria que verificó la “Prensa Asociada,” con un telegrama de Guadalajara fechado el día 8 del actual, en que se dice que el redactor del Heraldo Wistano L. Orozco fue atacado en la calle por varias personas conocidas que ejercen autoridad en la capital de aquel estado. Agrega que se le redujo a prisión, siendo llevado a la penitenciaría. Se nombró una comisión que se ocupe en adquirir los suficientes datos sobre este negocio, para que una vez conocido en todos sus detalles se pueda gestionar lo que corresponda ante el gobierno de Jalisco a favor de aquel escritor.61El violento incidente fue entendido como un ataque a la prensa. Por eso se hablaba de la Prensa Asociada, una agrupación surgida de la necesidad de arbitrar disputas entre periodistas y de defender la libertad de prensa.62 Sin duda el asunto era político, pues el gobierno estatal aprovechó para acusar a Orozco, por medio del Ministerio Público, de calumnias contra el gobernador y el secretario de despacho, debido a la nota publicada en el segundo “alcance” de El Heraldo número 27, que denunciaba al gobernador Tolentino por “haberlo mandado asesinar”.63 El Ministerio Público pidió se le retuviera “por las falsedades y calumnias injuriosas contra la autoridad que constan en los alcances a El Heraldo, y publicados bajo la firma del señor Orozco”.64 Como delito de prensa el asunto llegó al juez segundo de Guadalajara, quien desechó la acusación el 12 de junio de 1885, pero el Ministerio Público apeló la decisión y prolongó la prisión del editor: “El Sr. Ibarra, declarado bien preso por el feo atentado que ya el público conoce, está alojado en la habitación del Intendente de la Penitenciaría, siendo objeto de todos miramientos, y recibiendo visitas de sus amigos [ . . . ] El señor Orozco, sin delito y declarado inocente, sufre en la prisión, sin que se le pueda consolar por sus amigos, sin que se le permita escribir una carta”.65 Así dramatizó El Heraldo la situación de su propietario, mientras insistía en acusar al gobierno estatal del problema. Hasta aquí el asunto es una anécdota más en el cuadro general de ataques a la prensa durante el Porfiriato pero, como se verá, gracias al eco que el asunto tuvo es posible profundizar en el análisis de los valores entre los actores participantes.El periódico capitalino El Partido Liberal publicó el 16 de junio una nota firmada por Fernando S. Ibarra, el principal agresor de Orozco. Su interesante versión fue escrita en un tono exaltado, retórico y grandilocuente, que buscaba justificar su violenta acción como la respuesta adecuada a la nota de El Heraldo y, para probarlo, decía reproducirla en su escrito. En esa reproducción del “párrafo de gacetilla” se sugería, con un dejo socarrón, que en reuniones de la aristocracia tapatía los jóvenes participantes sobrepasaron los límites de la moral de la época.66Con el estilo jocoso de las sátiras políticas, y apelando al rumor, la nota narra toda una historia en unas breves líneas y al mismo tiempo afirma poco porque no hay nombres, no hay lugares, tampoco fechas. Era la típica nota anónima que se permitía la crítica ácida de las apariencias sociales de los grupos dominantes. Su autor señalaba enfáticamente que era de público conocimiento lo que pasaba en esas fiestas:En fin nos limitamos a hacer indicaciones de lo que todo el mundo cuenta, de lo que ha pasado ya completamente al dominio del público . . . ¿tenemos nosotros la culpa de que tan rápidamente circulen ciertas noticias? La gente halla un sabor indecible en conversar sobre estos asuntos, y anda diciendo por ahí esa gente que las señoritas que no han participado de los placeres de las reuniones esas, no sienten mayor escrúpulo en lo que ha pasado; que reciben con especial agrado a este o a aquel joven que más caricias tuvo la fortuna de prodigar en la animada fiesta.68La apelación a la vox pupuli parece una estratagema para evitar cualquier responsabilidad y librar las reacciones que sin duda vendrían. Pero la denuncia de inmoralidad era seria y directa: jóvenes de la “aristocracia”, o que pretendían serlo, usaban sus reuniones sociales como pantalla para coqueteos y lances amorosos. Resalta la palabra “aristocracia” usada por el escritor de la nota. El uso del término aludía, dentro del universo discursivo liberal, a las viejas estructuras nobiliarias. Como señaló Mariano Otero, ideólogo liberal jalisciense, la palabra aristocracia denotaba a los nobles novohispanos que se quedaron sin rey, sin títulos nobiliarios y sin respeto social después de la independencia: “Fuera del simple hecho de la vinculación a favor del primogénito, la aristocracia mexicana no era nada que se pareciese a la europea: era solo un nombre vano, una parodia de pueril ostentación, y los individuos que la componían abandonaban sus propiedades al cuidado de administradores, vivían indolentemente en las capitales”.69 El gobierno del general Tolentino era parte del orden liberal triunfante, por lo cual los miembros de su propio grupo, como Fernando Ibarra, aunque no compartieran las ideas liberales, tampoco podían, en 1885, descartarlas. Aceptar que las familias “decentes” fueran una aristocracia era ubicarlas en el partido derrotado, y el cuestionado régimen estatal no podía darse el lujo de cargar semejante etiqueta política.Por otro lado, para los estándares de la moral burguesa predominante en Occidente,70 y que las elites mexicanas asumían como propia, insinuar amoríos ilícitos de sus jóvenes era inadmisible. En Guadalajara eran bastante explícitos los ideales relativos a cómo debían ser las doncellas: “devotas, castas, recatadas, humildes”.71 Asimismo debían evitar ser ociosas, vanidosas o coquetas, también debían evitar el baile, la prostitución y las relaciones maritales “irregulares” como el concubinato y el amasiato.72 No importaban las contradicciones entre ideales y práctica cotidiana, la elite política no aceptaba que la prensa opositora sugiriera que algunas jóvenes en su seno no se apegaban a esos valores.73 En general los actores habían adoptado las teorías de moda sobre la relación estrecha entre las clases bajas, la pobreza y las conductas criminales o pervertidas.74 Sugerir que señoritas “decentes” se comportaran inmoralmente era sugerir que no había diferencias entre las “buenas familias” y los otros grupos, lo que cuestionaba el orden social tanto como el orden político.75 Era igualmente inadmisible insinuar que los jóvenes asistentes a las reuniones pudieran ser de una clase a la cual no pertenecían. Así que la nota resultaba ofensiva por lo que proponía y por lo que negaba, estableciendo un discurso público peligroso.La nota del semanario opositor, dirigido por un novel abogado de origen humilde, cuestionaba los supuestos que daban sentido al dominio de un grupo político, sus valores, sus pretensiones elitistas y su autoasumida diferencia. Orozco, como editor, cuestionaba los límites de lo que se podía publicar, así como las definiciones de decencia, de las diferencias entre clases, y los valores morales en los que se buscaba sustentar las diferencias. Así, cuestionaba públicamente los fundamentos del orden social.Según el cuñado del gobernador, Wistano Orozco merecía ser castigado públicamente porque su propósito era “manchar lo más sagrado que puede tener una sociedad entera, nada menos que la honra de las familias distinguidas de su seno”. Ibarra aseguró haber asistido a la mencionada fiesta (a pesar de que no hay fechas ni lugares en la nota), “y por lo tanto me consta íntimamente la intachable conducta que en ella observaron señoritas y caballeros”.76 Su carácter de testigo presencial buscaba desacreditar a El Heraldo, a su director, sus insinuaciones y sus ataques al orden social. Fernando Ibarra se asumía parte de esas familias “distinguidas”, un hombre decente y un funcionario público que defendía la honra “sagrada” por la cual valía la pena sufrir el escándalo y la cárcel. Ligaba su decencia personal, y su honor varonil, al honor de las señoritas ofendidas y de sus familias, por lo que defenderlas era defender el orden “natural” de la sociedad. Ibarra aparece así como un “héroe burocrático”, defensor de la moral y del orden social. Por supuesto que, además, así echaba a un plano secundario las acusaciones de ser un político corrupto al tiempo que tomaba venganza contra un denunciante.El funcionario “héroe” enfrentaba un dilema: quería dar a Orozco un escarmiento proporcional a su atrevimiento pero no sabía cuál era la mejor manera de hacerlo. En su escrito, explicó de forma sumaria las posibles formas de resarcir la honra de las familias ofendidas, y cómo había descartado cada una. Primero había desechado la idea de demandar judicialmente a Orozco “por el temor de que quedara impune, por tratarse de la denuncia de un periódico”, lo cual mostraba su desconfianza de que el caso cumpliese los requisitos de las leyes sobre difamación, así como también su desconfianza en la estructura judicial. En segundo lugar Ibarra había descartado exigir al periodista “una satisfacción, llamándolo al terreno del honor”, porque en su opinión el director de El Heraldo carecía de dignidad. Esa “satisfacción” consistía en retarlo a duelo,77 costumbre europea de moda entre periodistas, políticos y personajes de las elites. Pero si retaba a duelo al periodista reconocería que ambos eran iguales,78 es decir, que pertenecían a la misma clase social o, peor aún, que no había diferencias de clase, como lo sugería la nota que le había enfurecido. Así que ese duelo sería una flagrante contradicción en la argumentación del político.79 Finalmente, éste señaló que no era una opción contestar al periodista por medio de la misma prensa (lo cual evidentemente terminó haciendo), porque eso constituiría “el peor camino que hubiera optado, pues se me hubiera tenido por un necio, puesto que descendía al mismo terreno en que él está colocado”. Ibarra no consideraba a Wistano L. Orozco gente decente, pero tampoco aceptaba rebajarse a una clase inferior para debatir en un terreno dominado por su “falaz” enemigo. De hacerlo exponía su persona a “dar a los desocupados ocasión para hacerla risible”. En esas circunstancias una paliza pública al ofensor no era una acción visceral, sino la única opción válida para retribuir las calumnias: “En vista, pues, de la falta absoluta de medios para reprimir a este difamador, me he visto precisado a tomar la medida que puse en práctica. Pongo en conocimiento de la sociedad de Guadalajara lo que ha pasado entre D. Wistano y yo, como una pública satisfacción, y como una prueba de mi respeto y de la alta consideración en que la tengo”.80 Ibarra finalizó su escrito afirmando que castigaría de igual manera al insolente peri